Quien la visite en estos días se da cuenta del franco deterioro de esta. Locales cerrados, construcciones sin terminar y amplios estacionamientos en donde antes era casi imposible encontrar uno. La Zona Libre de Colón (ZLC) está en una crisis coyuntural que se agrava con la aplicación, por parte de Colombia, de impuestos adicionales a los zapatos y textiles; por la crisis cambiaria en Venezuela, cuyos comerciantes ni siquiera pagan las deudas contraídas, y por la continua fortaleza del dólar frente a las monedas latinoamericanas. A esto hay que sumarle la competencia de otras zonas francas, como la del Área Económica Especial de Panamá Pacífico, que cuenta con una ventanilla única para todos los trámites y se encuentra a solo 10 minutos de la ciudad de Panamá. Un triunvirato asegura el buen funcionamiento de la zona franca: los bancos, las compañías usuarias y el Estado. Los bancos dan el necesario financiamiento que las empresas canalizan en forma de crédito a los clientes. Las empresas sirven de intermediarios entre los productores (por ejemplo China) y los compradores finales. El Estado debe garantizar leyes facilitadoras para el buen funcionamiento de esta zona económica.
La creencia popular es que la ZLC no paga impuestos. Sin embargo, estos están disimulados en tasas. Las hay para la clave de operación, para el aseo, de seguridad, de entrada por contenedor y hasta para el formulario de declaración de movimiento comercial. El Ministerio de Economía y Finanzas adjudicó, en marzo, una consultoría a la firma Bain Brasil, por la que pagó $1.6 millones para que estudie y encuentre una solución al modelo comercial de la Zona Libre. Entre sus conclusiones está que el paradigma de la ZLC no es obsoleto, pero requiere de ciertos ajustes a la infraestructura y eficiencia. Alega que los costos son competitivos, si los comparamos a la zona franca de Jebel Ali, en Dubái. En esto diferimos. La zona en cuestión se encuentra en una región de petrodólares con las consiguientes características. ¿Cómo compararla con nuestra región tercermundista? El Gobierno estima que ya ha hecho rebajas substanciales a los costos de operación, como reducir en 50% la clave de operación y la tasa de aseo, 33% a la de seguridad, etc., o sea, de $27 millones por año. ¿Pero qué son 27 millones o 30 millones más, si con esto ayudamos a los empresarios de nuestra Zona Libre? Además, recordemos que estos costos los había incrementado exponecialmente el gobierno de Ricardo Martinelli. La ZLC fue ideada, en primer lugar, para crear empleos en Colón.
Como bien mencionara la empresaria Usha Mayani, presidenta de la Asociación de Usuarios, se requieren medidas a corto plazo. Todavía los alquileres de terrenos y de las bodegas de propiedad de la ZLC obedecen a la época de bonanza. Tiempos difíciles requieren de soluciones heroicas de los bancos, los usuarios y el Estado.
EZRA HOMSANY
25 DE NOVIEMBRE 2016